Diputados de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República solicitaron al presidente Otto Pérez Molina que destituya al interventor de la Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, por autorizar el contrato de usufructo que permitió que una empresa española pudiera disponer de un terreno de la portuaria.
Carlos Barreda miembro de dicha comisión solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) analizar la legalidad del contrato y a la Contraloría General de Cuentas (CGC) una auditoria de la labor del interventor.

