Analistas dicen que recomendaciones del gobierno deben ir con acciones
En el programa A Primera Hora se discutió el impacto que tuvo el comunicado con recomendaciones para que las mujeres eviten ser víctimas de violencia emitido por el ministerio de Gobernación y que días después el presidente Otto Pérez Molina ordenó que fuera retirado.
Claudia Samayoa de la Convergencia por los Derechos Humanos calificó el comunicado como “fallido” porque el Estado es el obligado a dar seguridad. Acerca de la orden de retirar el comunicado, Samayoa consideró que esa acción fue de autoritarismo, ya quita respaldo a los funcionarios y hace perder credibilidad al Estado para dar seguridad, enfatizó.
Para Verónica Godoy de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública muchas de las recomendaciones del ministerio de Gobernación son válidas, pero el problema es que no se evidencia qué hace el Estado para evitar asaltos y violaciones contra las mujeres. Godoy considera que hubo un error técnico en la elaboración del comunicado.
Ronaldo Leiva del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) afirmó que ninguna recomendación está demás, pero no deben tomarse como una sustitución de las obligaciones del Estado de brindar seguridad. Samayoa indicó que el gobierno hubiera convocado a organizaciones de mujeres, para involucrarlas en la búsqueda de soluciones al problema.
El analista del CIEN dijo que dar a conocer las recomendaciones a mujeres y luego retirarlas da un mensaje contrario a la población.
Por su parte, Godoy manifestó que hay algunas sugerencias del comunicado que son viables y otras no, y agregó que lo que causó mayor indignación fue destacar qué pueden hacer las mujeres para cuidarse ellas mismas, sin explicar qué es lo que hace el Estado en el tema.
Leiva descartó que el mensaje se haya difundido para enviar una advertencia a los delincuentes que asaltan y abusan sexualmente de las mujeres en el sector de la Calzada Roosevelt, mientras que Godoy dijo que la polémica al menos sirvió para evidenciar el gran problema que representa la violencia sexual.
Samayoa reiteró que en la Constitución se indica que el Estado tiene como obligación brindar seguridad a todos los ciudadanos y agregó que un ministro no puede ser evaluado por un comunicado de ese tipo.
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